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Se realizó un encuentro de referentes provinciales de comunicación. Participaron equipos de 20 provincias y organismos públicos. Se busca aumentar la acción coordinada entre jurisdicciones para visibilizar el impacto que producen estas especies.

Las acciones se realizaron en el marco del Programa Nacional de Prevención del Huanglongbing (HLB), con el fin de mantener el estatus fitosanitario alcanzado por la Argentina.

Los productos eran transportados sin refrigeración ni documentación sanitaria, por lo que su comercialización supone riesgo para la salud de los consumidores.

El Senasa y el Municipio de General Pueyrredón siguen trabajando en conjunto para garantizar la calidad de estos productos.

La medida alcanza a todo producto o subproducto de origen vegetal. Es para prevenir el ingreso de plagas.

Las 8vas Jornadas realizadas en La Plata, con la asistencia de organizaciones de productores de Argentina, Brasil y Uruguay, y de organismo públicos analizó los modelos de desarrollo y las políticas públicas para el sector, entre otros temas.

Lo dispuso el Senasa porque los 500 duermientes carecían del tratamiento fitosanitario correspondiente contra plagas que puedan afectar la producción forestal de la región.

Por no contar con el certificado sanitario respaldatorio correspondiente y ser trasladados en condiciones higiénico-sanitarias no aptas para el consumo humano.

El encuentro fue organizado por el Senasa y el INTA, y contó con la participación de 19 personas.

El Senasa constató la irregularidad al controlar la mercadería importada en el punto de ingreso en Puerto Iguazú, Misiones.

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) publicó la aprobación de los requisitos fitosanitarios acordados con el Senasa.

Sobre las acciones que regula el Organismo en sanidad animal e inocuidad de los agroalimentos.

Es por la confirmación del foco de la enfermedad. Alcanza a bovinos, porcinos, equinos y rumiantes menores en un radio de 10 kilómetros alrededor del predio afectado.

Por detectar falta de temperatura adecuada y documentación vencida se ordenó su retorno a los establecimientos de origen para su destrucción.

Los predios no estaban habilitados por el Senasa ni por la Provincia de Córdoba, incumpliendo la normativa vigente tanto nacional como provincial.